Tras el cierre de plazo el pasado 25 de julio de solicitudes de informes motivados correspondientes a proyectos de I+D+i realizados durante 2016, se constata que el número total de ellas presentadas se consolida por encima de los 7.000, cifra que ya se superó en 2016 (correspondientes a proyectos realizados en 2015).
En concreto, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha publicado que se registraron 7.240 solicitudes. El año anterior alcanzaron la cifra de 7.244, pero ha de tenerse en cuenta que el plazo de presentación del pasado 25 de julio afectaba a aquellas empresas con ejercicio fiscal coincidente con el año natural, ya que en realidad el plazo legal es de 6 meses y 25 días desde que se cierra el ejercicio fiscal. Es decir, por ejemplo, para una empresa con ejercicio fiscal finalizado en febrero de 2017, el plazo no vencerá hasta el 25 de septiembre de 2017.
Obviamente, la amplia mayoría de empresas finaliza su ejercicio fiscal en diciembre, pero no todas. Extrapolando de años anteriores, se calcula que el número de solicitudes finales posibilitará un incremento de alrededor del 3% sobre el año anterior.
Probablemente, la lectura más directa que pueda hacerse de estos datos es que el sistema se ha consolidado, pero sin poderse dar ya crecimientos como los de hace 2 años (29%) y 3 años (33%), cuando las solicitudes de informes motivados experimentaron su mayor crecimiento. Esta atenuación ya empezó a producirse el año pasado (informes motivados correspondientes al ejercicio 2015), con un crecimiento del 6,8%.
Por comunidades destacan Madrid, con el 33,15% de solicitudes, Cataluña (23,48%) y Valencia (14,86%), que suman el 71,49% de solicitudes totales, constatándose la gran focalización empresarial e industrial de nuestro país excluyendo al País Vasco y Navarra, que se encuentran bajo otro régimen fiscal.
Por tamaño, el número de solicitudes de las empresas no pymes supera al de las pymes: 3.978 frente a 3.129. Sin embargo, el número de empresas no pymes es menor, originando una media 3,52 solicitudes por cada no pyme (1.129 empresas) y de 1,72 por cada pyme (1.823 empresas pyme).
Así, otra de las posibles deducciones de estos números es que, dado el tejido empresarial español, compuesto por una inmensa mayoría de pymes, el número de éstas que acceden a este sistema es muy bajo. 1.823 se nos antoja un número bastante pequeño, aunque nos movamos en el ámbito de la I+D+i, no muy dado a darse en determinados sectores y tamaños de empresa.
Probablemente el sistema deba calar más y mejor en el tejido compuesto por pymes, animando al uso de estos incentivos fiscales y, por ende, a la inversión en actividades de carácter innovador.
A lo mejor es el momento de plantearse una estrategia menos horizontal en el caso de las deducciones fiscales por I+D+i y priorizar de alguna forma el esfuerzo a realizar en el caso de una Pyme, con el fin de que realmente les resulte atractivo recurrir a estos incentivos sin una carga de trabajo extra que pueda suponer el desplazamiento de recursos desde el verdadero objetivo del sistema, que es innovar.
